El Gobierno de Israel advirtió que el grupo Hamás tendrá un plazo de 60 días para desarmarse y entregar su arsenal, bajo amenaza de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retomen operaciones a gran escala para “completar la misión” militar en la Franja de Gaza. Analistas de seguridad advierten que un desarme “total” en plazos cerrados suele chocar con realidades territoriales y políticas: si no hay incentivos robustos y garantías creíbles, los grupos tienden a retener capacidades mínimas o a derivarlas a estructuras paralelas. También se reactivó el debate sobre qué ocurriría si el plazo vence sin resultados. En Gaza, el desafío se multiplica por el entramado subterráneo, la circulación clandestina de armamento, la fragmentación de mandos y la existencia de otras facciones armadas. En la práctica, eso podría significar una nueva campaña de gran intensidad, con costos humanitarios y políticos considerables y un impacto directo sobre las negociaciones en curso. En la interpretación israelí, el objetivo es impedir que Hamás retenga armas —incluidas las consideradas “ligeras”— y conserve una estructura operativa capaz de recomponerse. La señal, transmitida por un alto funcionario del entorno del primer ministro Benjamin Netanyahu, se produce en un clima de fuerte presión diplomática internacional para consolidar un esquema de estabilización y seguridad regional, y en medio de negociaciones indirectas que, hasta ahora, no lograron destrabar el núcleo del conflicto: quién controla Gaza, con qué garantías, y bajo qué condiciones se desmantelan las capacidades militares de Hamás. La advertencia fue formulada por el secretario del Gabinete israelí, Yossi Fuchs, quien vinculó el plazo de dos meses con la necesidad de alcanzar un proceso verificable de desarme total. El mensaje israelí fue explícito: las FDI avanzarían para completar objetivos militares. Desde el movimiento palestino sostienen que el debate sobre armas no puede separarse del horizonte político, del levantamiento de restricciones y de una fórmula de gobernanza futura que no implique, en los hechos, una rendición unilateral. Distintos canales —con participación de Estados Unidos y mediadores regionales— trabajan para encauzar un marco de transición que incluya administración civil, mecanismos de reconstrucción y un esquema de seguridad que reduzca la capacidad de ataque de Hamás. En paralelo a los contactos indirectos, persisten episodios de violencia, acusaciones cruzadas sobre incumplimientos y un desgaste acelerado de la situación humanitaria.
